Acceder a la vivienda y hacer frente a los gastos derivados de los suministros básicos son problemas que actualmente sufren muchas familias catalanas. En este informe se expone cuál ha sido el papel de movimientos sociales como la PAH y la APE como identificadores del problema de la emergencia habitacional y pobreza energética, y el impulso de nuevas legislaciones que puedan dar respuesta. En concreto, el informe se centra en la Ley 24/2015 de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, un gran hito conseguido gracias a la movilización social. Sin embargo, se pretenden explicar estas problemáticas y sus relaciones con la salud de quien las sufre. Los resultados y conclusiones de la investigación han permitido generar unas recomendaciones que, de aplicarse, permitirían reducir estas problemáticas y sus efectos.